El arco de la dictadura española

En este país se va a la cárcel por cubrir una mani, hacer chistes, cantar rap o ganar elecciones



Es un arco sintomático. Yo fui guionista de La Bola de Cristal en los años ochenta y era amigo de los otros guionistas. Jamás nos preguntamos, en aquella época, si un guión podría llevarnos a los tribunales. Y eso que eran tiempos mucho más convulsos, en los que estaba ETA, una organización armada independentista. Y eso también que La Bola de Cristal solía traspasar habitualmente lo que hoy se consideran las líneas rojas del sentido del humor. Por lo visto, hoy en día estaríamos todos en la cárcel y el programa habría sido prohibido. Esto es lo que hemos avanzado en nuestra profundización de la democracia: en este país se encarcelan a titiriteros y a juglares. Y a los que ganan las elecciones y a los que las vuelven a ganar.

Me parece delirante que se pretenda que en este país no hay presos políticos. Hace treinta años habría resultado del todo inconcebible que hacer chistes sobre Carrero Blanco pudiera ser considerado un delito. Se pensaba que eso era lo que ocurría en las dictaduras, en las que hasta el sentido del humor resultaba peligroso políticamente. Y, en el otro extremo del arco, la cosa ha cambiado también sustancialmente: la izquierda abertzale, pese a la lucha armada, estaba por aquel entonces mucho más protegida jurídicamente que lo que hoy han estado los independentistas catalanes, a los que se les ha acusado de rebelión violenta contra el Estado por convocar una manifestación.

La razón es, probablemente, esa misma: que el independentismo catalán no ha recurrido a la violencia, lo que le ha permitido, entre otras cosas, ganar una mayoría parlamentaria. Si hace treinta años, los de la izquierda abertzale hubieran visto en una bola de cristal (no en La Bola de Cristal) lo que hoy está ocurriendo con el caso catalán, se habrían sentido muy reafirmados en sus motivos para contemporizar con la lucha armada, que siempre resumían en el argumento de que no había cauces políticos para perseguir sus fines. En esa época siempre se les decía que no había ningún problema con los fines, que eran los medios los que eran una monstruosidad humanamente intolerable. Lo segundo no era cierto, pero, por lo que estamos viendo, lo primero tampoco.

Se repite y se repite sin cesar que lo que hay son políticos presos y no presos políticos. Cada vez que se habla de exiliados, los tertulianos de este país, corrigen con esmero, “perdón, fugados de la justicia, no exiliados”. No creo que Francisco Franco o el rey de Arabia Saudita [el que le regaló un barco a nuestro ex-rey] utilizaran un retintín distinto para casos parecidos. El PP tiene, en efecto, muchos políticos presos. Pero comparar, por ejemplo, a Junqueras o los Jordis con Granados o Bárcenas me parece un sinsentido. Cuando tantos y tantos corruptos del PP han empezado a entrar en prisión y tantos y tantos otros han sido imputados, no se han visto multitudinarias manifestaciones protestando en las calles y defendiendo el partido al que habían votado. Ni siquiera cuando ha sido imputado el propio partido. Ni cuando se ha señalado su evidente financiación ilegal, con la que ha ganado no pocas elecciones.

No se han visto esas manifestaciones de apoyo al PP, porque es obvio que sus votantes no les votaron para que procedieran así. En Cataluña, ha ocurrido y está ocurriendo algo muy distinto. Porque los imputados y los presos del independentismo habían sido votados para que hicieran lo que han hecho. Y es mucho más serio aún: volvieron a ser votados después de haberlo hecho y para que siguieran haciéndolo. A los que están tan seguros de que aquí no hay presos políticos, les propongo declarar el estado de excepción de una vez por todas, suprimir el secreto del voto y mandar a la cárcel a dos millones de votantes por apoyo a esa banda violenta que se ha rebelado contra el Estado Español. Con reiteración y alevosía, además.

Se han escrito buenos artículos sobre la dudosa calidad legal de las acusaciones de rebelión (https://lahaine.org/fK4H). Por mi parte, me limito a mostrar mi perplejidad un poco desde lo que a mí me parece el sentido común (aunque puede que esté loco). Que se considere un delito de violenta rebelión convocar manifestaciones que, por lo demás, han sido bastante pacíficas, es algo que, para mí, raya el surrealismo o el sarcasmo. Lo mismo con la supuesta malversación de fondos públicos (nada menos que en un país como este). Puede que hubiera alguna irregularidad administrativa a la hora de gastarlos, pero hablar de malversación me parece un delirio. Si se gastaron fondos públicos para organizar una referéndum es porque habían ganado las elecciones los que habían votado para que se gastaran en eso.

Lo de que hubo un golpe de Estado me deja sin palabras. Se ha comparado a Puigdemont con Tejero, el 1-O con el 23-F. Parece mentira que eso esté ocurriendo precisamente en este país, que jamás ha desclasificado los papeles de aquel golpe de Estado que, según se ha explicado repetidamente ya (cfr. por ejemplo, aquí) tuvo su “alma” en la Casa Real, contó con la complicidad del PSOE y su centro de gravedad en el general Armada, el brazo derecho de nuestro rey de aquel entonces, al que los medios de comunicación llevan treinta años lamiendo el culo. El que una mayoría parlamentaria haga aquello para lo que le han votado y para lo que le han vuelto a votar después de intentar hacerlo, no puede ser llamado golpe de Estado. Me parece obvio que no. Si alguna comparación hay que hacer con el 23F, cuando un guardia entró en el Parlamento a punta de pistola, será cuando otros guardias han entrado ahora en el Parlamento catalán a detener a los que ganaron las elecciones.

Aunque, desde luego, el problema está en el poder judicial que tenemos en este país. El primer punto de la agenda de Podemos debería haber sido proponer a la ciudadanía una reforma del procedimiento de acceso a la función judicial, porque no es estadísticamente normal la densidad de peperos que hay ahí. Con que hubiera una diversidad ideológica semejante a la que hay entre los profesores de la enseñanza pública, podríamos darnos por satisfechos. No sólo en cuestiones políticas, sino también en cuestiones de penalidad común. Pues no es normal que la policía esté por ahí persiguiendo a manteros, camellos de poca monta, titiriteros, juglares o raperos con más ahínco que a banqueros, y que haya tantos jueces dispuestos a seguirles el juego con penas desproporcionadas y, en ocasiones, surrealistas. Pero si algo nos ha enseñado el asunto de Cataluña es lo que ya sabíamos en otras franjas de legalidad menos mediáticas: que algo hay que hacer con el poder judicial, porque no hay justicia.

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